Los senadores del PRI Adolfo Toledo Infanzón, Mario López Valdez y Carlos Lozano, entre otros, presentaron una iniciativa de ley mediante la cual PEMEX, sus organismos subsidiarios, empresas filiales o cualquier otra entidad del gobierno federal, procederá a la cancelación inmediata de toda relación contractual que tengan con quienes sustraigan ilegalmente o  adulteren los combustibles.   

La Iniciativa contempla de seis a diez años de prisión y de quinientos a diez mil días de salario mínimo a quien sustraiga o aproveche hidrocarburos y sus derivado, así como a quien se ostenten como propietario de estos o cualquier otro producto que se obtenga de su procesamiento sin acreditar su legal procedencia.

El senador Toledo Infanzón señaló que "el mercado ilícito de combustibles es una actividad que perjudica el bienestar de la población, al significar menores recursos para el Gobierno Federal, los Estados y municipios, así como para la ampliación de los programas sociales orientados a elevar la calidad de vida de los mexicanos".

Las autoridades, dijo, "calculan un costo anual de 20 mil millones de pesos por el robo, adulteración y venta ilícita de combustible a nivel nacional". De los cuales, aclaró, 30 por ciento corresponden al robo que se realiza en las instalaciones de PEMEX, 20 por ciento al hurto de poliductos  y 50 por ciento a la comercialización de combustibles adulterados y de productos internados de manera irregular al país.

El Senador oaxaqueño destacó que este problema se torna aún más dramático cuando este mercado negro ha crecido en más de un 50 por ciento en los últimos cinco años y se ha extendido a 19 estados de la República.

Toledo Infanzón enfatizó que "la corrupción ha alcanzado a funcionarios, quienes notifican a los delincuentes sobre las características de los flujos de combustibles a lo largo de la red de transportación del país, así como autoridades quienes les asisten en el proceso de transportación de producto extraído".

De igual forma, la corrupción ha motivado el establecimiento de depósitos clandestinos para el almacenamiento de los combustibles, causando un daño ecológico irreversible en las áreas de operación de las redes delictivas y poniendo en riesgo la integridad física de los habitantes.

El priista afirmó que "la presente Iniciativa constituye un importante avance en la defensa de los mexicanos y constituye un esfuerzo por avanzar en la construcción de un esquema orientado a la legalidad que permita el buen desempeño de la economía en aras de la generación de empleos y la reactivación productiva del país".

28 de octubre de 2009